CORPUV INFORMA N° 11/2007

COMITÉ COORDINADOR DE LAS REPRESENTACIONES PROFESORALES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Santiago de Cali, julio 9 de 2007

BIENESTAR PROFESORAL

El año pasado logramos una partida de $1.500 millones, destinada a atender necesidades básicas del profesorado. Para identificar dichas necesidades hemos desarrollado un dispendioso trabajo cruzando información recogida por la Oficina de Planeación, el Area de Salud Ocupacional, de Inventarios y por los representantes profesorales de cada Facultad e Instituto.

Las prioridades identificadas son en su orden: computadores, sillas ergonómicas, escritorios y estantes para libros. La de computadores es la más relevante, ya están definidas las especificaciones y puede comenzarse la licitación. La suma se ha incrementado a $1.700.000 millones y su manejo estará a cargo de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y Corpuv dará continuidad al seguimiento del proceso de adjudicación a cada uno de los profesores.

AJUSTES SALARIALES 2002-2006

Los representantes profesorales formularon, ante los respectivos Consejos Superiores de las universidades públicas, la petición del ajuste salarial para el cuatrenio, de acuerdo a los parámetros definidos en la Constitución Política y ratificados en varias Sentencias, en especial en la C-1017 de 2003 y C-931 de 2004. La respuesta generalizada fue: la decisión no es de su competencia, sino de las altas instancias del Gobierno Nacional.

La Federación Nacional de Profesores, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional, acudió formalmente a los despachos de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Educación.

Pero, las respuestas, en las altas instancias, tampoco fueron positivas. La Presidencia de la República, respondió que los derechos de petición fueron remitidos a los Ministerios de Hacienda y Educación. El Ministerio de Hacienda, expresó que: “El Gobierno Nacional ha dado estricto cumplimiento a los diversos fallos de la Corte Constitucional , sobre incrementos salariales” y, el Ministerio de Educación, adujo que: “Teniendo en cuenta que las disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes y administrativos de las universidades estatales u Oficiales son dictadas mediante Decretos del orden nacional, en los cuales intervienen distintas entidades del Gobierno, es necesario definir el tema en conjunto con las entidades competentes. En consecuencia , se están adelantando las acciones pertinentes ante dichas entidades, lo que nos impide emitir un pronunciamiento de fondo hasta tanto no se hagan los estudios correspondientes”.

Hasta el momento no se conocen los resultados de los estudios. Entre tanto se dio continuidad a la exploración de nuevas acciones jurídicas y se convocó una jornada nacional por la dignidad del trabajo intelectual, con poca respuesta del profesorado en la mayoría de las universidades.

1. Por tratarse de derechos particulares de cada persona procede la presentación de un derecho de petición individual de ajuste salarial ante la Rectoría de la Universidad, a partir del cual, haya o no respuesta, se contaría con un plazo de cuatro meses para instaurar la respectiva demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

2. Solicitar el acompañamiento del Gobernador del Departamento en su calidad de Presidente del Consejo Superior de la Universidad para lograr una conciliación con el Rector de la Universidad.

3. Instaurar una acción de demanda ante el Consejo de Estado con suspensión provisional de todos los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, para modificar el valor del punto. Esta sería una opción que involucra a todos los profesores de las universidades públicas.

4. La demanda que instauraría cada uno de los profesores ante el Consejo de Estado solicitando el cumplimiento de la Sentencia.

Las dos primeras opciones requieren el apoyo de un especialista en Economía, Estadística o Contaduría, que elabore de manera precisa el monto de la deuda individual y general en la Universidad del Valle.

Los costos de la primera opción están directamente relacionados con el número de personas, profesores y empleados afectados, que decidan instaurar el derecho de petición y la respectiva demanda individual, para completar un presupuesto global de $100.000.000, destinados a cubrir los gastos procesales. Los honorarios de los abogados serían definidos por un porcentaje diferenciado si se trata de la demanda individual o de la conciliación.

CODIGO DISCIPLINARIO

Con el objetivo de armonizar el Estatuto Profesoral de la Universidad con la ley 734 de 2002, de acuerdo a lo dispuesto en la Sentencia C-829 de la Corte Constitucional y superar las dificultades que se presentaron con la aplicación del Acuerdo 029 de 2003, relacionadas con la justificada negación de los Decanos a asumir decisiones disciplinarias que, en rigor, no corresponden al ejercicio de sus cargos y con la inexistencia de un espacio académico para analizar los casos disciplinarios docentes, trabajó una Comisión del Consejo Académico, designada en diciembre de 2004.

Con base en el trabajo de dicha Comisión, en diciembre de 2006, el Consejo Superior, aprobó mediante los Acuerdos 010 y 011, la creación de la Oficina de Control Disciplinario Docente y de la Comisión de Personal Docente, compuesta por el Vicerrector Académico, un profesor nombrado por el Consejo Superior, uno de los representantes profesorales ante el Consejo Académico y el Decano de la Facultad o Director de Instituto al cual está adscrito el profesor acusado.

El Director de la Oficina debe ser nombrado por el Rector de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Académico, proceso que ya se cumplió el 10 de mayo de 2007. Para la conformación de la Comisión de Personal docente solamente se requería el nombramiento del profesor por parte del Consejo Superior, nombramiento que ya se produjo.

No obstante lo anterior, se ha dado continuidad a la iniciación de procesos disciplinarios, sin tener en cuenta la normatividad mencionada, afectando a un crecido número de profesores, cuyo número y condiciones se mantienen en reserva. Un problema verdaderamente grave y preocupante si se tiene en cuenta la perturbación de sus actividades académicas y el desgaste emocional y económico al que están sometidos, sin las garantías de un debido proceso.

El caso más conocido y aberrante fue el de la profesora Rosa Villegas, procesada por la pérdida de un Video Bean, cuando ejercía el cargo de Decana de la facultad de Artes Integradas.

Ahora, el 16 de abril de 2007, según nos lo informa el profesor de la Facultad de Salud, Sócrates Herrera Valencia, destacado investigador, con reconocido prestigio nacional e internacional, se le ha formulado un pliego de cargos relacionados con la ejecución de un proyecto de investigación, sin tener en cuenta la normatividad aprobada por el Consejo Superior, desde diciembre de 2006. El profesor, entonces, nos pregunta a qué instancia profesoral puede acudir en busca de las garantías del debido proceso.

La respuesta no puede ser distinta a la de exigir que - de manera urgente - se nombre el Director de la Oficina y se convoque a la Comisión de Personal Docente, para que reinicie los procesos siguiendo los canales institucionales de la Universidad, establecidos desde diciembre de 2006. No puede haber ninguna justificación para que se desconozca el Estatuto Profesoral y se estén afectando derechos fundamentales de los profesores.

PROFESORES CONTRATISTAS

A pesar de las continuas solicitudes que hubo, tanto en Asambleas Profesorales como triestamentarias, para que la administración de la Universidad tuviera en cuenta los profesores contratistas (especialmente la prolongación de su contrato) en la propuesta de ampliación del calendario para garantizar con esto uno de los elementos misionales del alma mater “formación con calidad”; es inaudito entonces que a hoy, 9 de julio, a los profesores no se les haya ampliado su contrato y por el contrario se les haya pedido sus informes de final de semestre pensando en el próximo sin ni siquiera ellos haber terminado sus cursos al momento (han seguido trabajándole a la Universidad gratis y sin seguridad social, -uno de los malabares más de esta Dirección-.

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